La consellera de Medio Ambiente, Catalina Soler, junto con el director insular de Caza, Joan Escalas, presentó este miércoles el texto consolidado de la Ley Balear de Caza y Pesca Fluvial, que recoge la redacción final del articulado, incorporando los cambios introducidos por el Govern, a instancia del Consell de Mallorca.Esta nueva ley, que nace con la máxima transparencia y consenso, ha supuesto importantes mejoras y cambios con el objetivo de llevar a cabo una gestión más eficiente y coherente, equitativa y ágil, según han señalado desde la Institución insular en un comunicado.
La primera legislación propia, aprobada el 2006, reconoció muchas particularidades autóctonas de la práctica cinegética en las islas y, a la vez, modernizó conceptos de gestión y compatibilización de usos, «si bien, se ha modificado con el paso del tiempo para adaptarse a las necesidades y las circunstancias», ha explicado la consellera.
«En estos momentos se hacía necesaria una nueva modificación, para adaptarla a los nuevos cambios estructurales y legislativos, sobre todo después de las transferencias de caza a los consells insulars, y que han afectado las instituciones y el sector», ha agregado al respecto.
Mayor definición y clarificación
La nueva ley clarifica, simplifica o cambia el concepto de ciertos trámites y pondera mejor el régimen sancionador. Igualmente, el nuevo texto reconoce la validez interinsular de la licencia de caza que expide cada Consell a sus residentes en el ámbito respectivo, como también las superficies de los cotos de caza.
También se han actualizado los importes de las sanciones graves y muy graves, y se ha creado un sistema de puntos similar al del carné de conducir, aplicable a las inhabilitaciones de los infractores, que cada Consell Insular podrá desplegar reglamentariamente.
Del mismo modo, se recogen peticiones de agricultores referentes a la protección de determinados cultivos, tanto ante posibles impactos de perdigones, como por daños producidos por las piezas de caza, y se aclaran las responsabilidades y funciones del propietario del terreno, del agricultor y del titular del coto.